IR se opone a la instalación de video cámaras en las calles de Grao, unamedida que va contra los derechos fundamentales de los ciudadanos
Ante la intención del equipo de Gobierno de Grado de instalar cámaras de video vigilancia en el colegio Bernardo Gurdiel y el anuncio realizado ayer por el alcalde de Grado, Antonio Rey de que la instalación de estas cámaras se hará próximamente en las principales vías de Grado y que servirán, a su juicio, para evitar incumplimientos de la ley de tráfico, Izquierda Republicana quiere manifestar lo siguiente:
El derecho a la seguridad no debe chocar con el derecho de los ciudadanos a la intimidad y a sentirse libres y no controlados ni vigilados cuando paseanpos las calles de su villa. Con esta medida de control, que raya la ilegalidad, el PP-AIGRAS pretende convertirse en el Gran Hermano de Grao y abren, de forma innecesaria, un controvertido debate sobre si prima el derecho a la seguridad sobre el de la intimidad y hablamos de derechos fundamentales recogidos por nuestra Constitución. La Ley de Video vigilancia aprobada en 1997 con el respaldo de losprincipales partidos dejó la puerta abierta a la instalación de cámaras en los lugares públicos para velar por la seguridad de los ciudadanos. Sin embargo, debido al consenso del que disfrutó la norma al resultar un instrumento más que válido para la lucha antiterrorista, nadie la recurrió ante el Tribunal Constitucional, y éste no ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre ella. A este respecto, el ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, considera que hay «visos de inconstitucionalidad» en la instalación de cámaras de una forma generalizada, pues supone una injerencia en la intimidad» de las personas.
Hay que recordarle al señor alcalde de Grao que el alto tribunal estableció en dos sentencias de 1999 y 2000 que el artículo 18.1 de la Constitución«garantiza un derecho al secreto, a ser conocido, a que los demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles son los lindes de nuestra vida privada, pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea el contenido de ese espacio».
Al igual que muchos juristas, para IR esta medida, de generalizarse como anuncia el alcalde, sería excesiva e indiscriminada. Si el ayuntamiento quiere mejorar la seguridad del tráfico en la villa proponemos un mayor control del mismo por agentes de la policía local. No creemos que existan tantas infracciones graves a la seguridad vial que justifiquen una medida tan perversa como esta. Nuevamente hay que defender las garantías para el disfrute de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a esta agresión contra la intimidad de las personas. La ley permite tener en las comisarías durante un mes las cintas grabadas en la vía pública, lo que a los ciudadanos nos puede plantear algunas dudas como por ejemplo: ¿Qué uso se va a de esas cintas en las comisarías? ¿Quién controla a los controladores?.
Fernando Romero
IR de Grao