Ante el reciente anuncio del alcalde de Grao, Antonio Rey, sobre las intenciones de privatizar las piscinas municipales, Izquierda Republicana quiere manifestar públicamente su rechazo a esta medida, que supone un paso más hacia la externalización de los servicios públicos.
Nos oponemos al afán privatizador, iniciado por el anterior regidor José Sierra (IU) y seguido ahora por su sucesor, Antonio Rey (PP-AIGRAS). Suponer que la empresa privada va a mejorar la gestión es mucho suponer, teniendo en cuenta que un servicio público tiene como principal objetivo atender las demandas de los ciudadanos y no servir como excusa para aumentar los beneficios de un consejo de administración ajeno a los intereses de Grao y sus ciudadanos.
La tan manida y poco rigurosa excusa de que los servicios “dan pérdidas” para justificar su privatización no es válida en la administración local, aunque sea legal. Lo que tiene que hacer el equipo de Gobierno es dar un buen servicio a los ciudadanos y no buscar la rentabilidad. Un ayuntamiento no es una empresa ni debe fijar su modelo de funcionamiento en el de una empresa privada, pues su objetivo no es el lucro.
Proponemos que se mejore la gestión de los servicios municipales y se utilicen los recursos propios del ayuntamiento para mejorar la calidad del servicio.
La privatización de servicios municipales no conlleva una mejora de los mismos, y sí un encarecimiento de los tributos locales y una mayor presión fiscal a los contribuyentes para engordar los balances de las empresas adjudicatarias. Tenemos la prueba en el servicio de limpiezas que gestiona FCC. Funciona tarde, mal y nunca. Las calles de Grao no se caracterizan precisamente por su limpieza y los puntos de recogida de la zona rural son una auténtica vergüenza para cualquier persona que defienda la higiene y la salud pública.
Nos oponemos al afán privatizador, iniciado por el anterior regidor José Sierra (IU) y seguido ahora por su sucesor, Antonio Rey (PP-AIGRAS). Suponer que la empresa privada va a mejorar la gestión es mucho suponer, teniendo en cuenta que un servicio público tiene como principal objetivo atender las demandas de los ciudadanos y no servir como excusa para aumentar los beneficios de un consejo de administración ajeno a los intereses de Grao y sus ciudadanos.
La tan manida y poco rigurosa excusa de que los servicios “dan pérdidas” para justificar su privatización no es válida en la administración local, aunque sea legal. Lo que tiene que hacer el equipo de Gobierno es dar un buen servicio a los ciudadanos y no buscar la rentabilidad. Un ayuntamiento no es una empresa ni debe fijar su modelo de funcionamiento en el de una empresa privada, pues su objetivo no es el lucro.
Proponemos que se mejore la gestión de los servicios municipales y se utilicen los recursos propios del ayuntamiento para mejorar la calidad del servicio.
La privatización de servicios municipales no conlleva una mejora de los mismos, y sí un encarecimiento de los tributos locales y una mayor presión fiscal a los contribuyentes para engordar los balances de las empresas adjudicatarias. Tenemos la prueba en el servicio de limpiezas que gestiona FCC. Funciona tarde, mal y nunca. Las calles de Grao no se caracterizan precisamente por su limpieza y los puntos de recogida de la zona rural son una auténtica vergüenza para cualquier persona que defienda la higiene y la salud pública.
Fernando Romero
Izquierda Republicana por Grao
El agua ha sido también privatizada y a finales de este mes comenzará a dar servicio la nueva empresa adjudicataria. Vigilaremos las subidas de las tasas y denunciaremos aquellos incrementos por encima del IPC, así como la gestión del servicio y el grado de satisfacción de los ciudadanos. Lo que no han explicado aún los responsables de esta privatización es cuánto le va a costar a los ciudadanos rescatar la gestión pública del servicio si una nueva corporación votada por los ciudadanos decide volver a la gestión pública. No se olvide que la medida hipoteca el futuro de esta y las siguientes corporaciones durante 25 años. Todo ello por 4 millones de euros que se van a gastar en un solo ejercicio económico.
